Documento presentado este viernes 28 de junio ante el órgano contralor, da cuenta del uso de bienes municipales en actividades distintas a las que les faculta la ley.
Por infringir gravemente el principio de legalidad y probidad administrativa que deben observar los funcionarios municipales fue presentada este viernes 28 de junio una denuncia en contra del Alcalde de San Javier, Jorge Silva Sepúlveda, acción interpuesta ante la Contraloría General de la República.
En un extenso y detallado documento, la empresa Coexca S.A. señala que el jefe comunal empleó recursos fiscales para asistir a Santiago a una reunión con el Embajador de Dinamarca, que no estaba agendada, trasladando a una organización no gubernamental hasta esa sede diplomática, utilizando un bus de la Municipalidad de San Javier. El escrito agrega que el diplomático sólo tenía una reunión agendada con el diputado Jaime Naranjo, quien intercedió para que fuera recibido el jefe comunal, de manera excepcional y como una deferencia. Esta situación fue denunciada por la concejala de San Javier, Yolanda López, en una sesión de Concejo Municipal.
El escrito precisa que el Alcalde Jorge Silva asistió “a una reunión a la cual no fue invitado, utilizando recursos municipales” y utilizó un “vehículo municipal para fines ajenos a los institucionales”, a lo que se suma, la actitud del Alcalde Jorge Silva, en orden a rechazar el proyecto que desarrolla la Compañía en la comuna, “por motivos electorales, alejándose de las facultades que otorga la Ley Orgánica de Municipalidades”.
El escrito, consigna que las actividades del Alcalde de San Javier, Jorge Silva, “constituye una evidente trasgresión al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales” y a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. “La conducta del Alcalde constituye una infracción al principio de legalidad y probidad administrativa que debe observar a los funcionarios municipales”, precisa el documento.
Por lo anterior, el escrito solicita a la Contraloría Regional de la República que adopte las medidas necesarias para perseguir las responsabilidades funcionarias que correspondan, iniciando para ello la investigación que corresponda.
